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15 de octubre de 2007

Industria Cultural

Se me hace muy difícil tocar el tema de la eliminación del reconocimiento constitucional a la Propiedad Intelectual por parte de la Asamblea Nacional, porque la Propiedad Intelectual es un gran paraguas bajo el cual entran muchos conceptos y figuras jurídicas muy precisas y complejas como derechos de autor, copyright, patentes, entre tantos otros, que son resultado de y dan origen a luchas muy diferentes, como la del software libre; la de la retribución a los pueblos, en especial los indígenas y aborígenes, por el uso de sus conocimientos ancestrales; la del acceso a medicamentos de personas y países pobres; la que por estos días libran los guionistas hollywoodenses a punto de irse a huelga; la de cualquier escritor por vivir de lo que escribe o pintor por vivir de lo que pinta; y hasta la de Guillermo Arriaga por la definición de autoría en una película.
Pero antes de iniciar cualquier debate sobre la medida, hay que contextualizar quién la está tomando. El gobierno que desconocerá la propiedad intelectual es un gobierno que presume de una imprenta que puede producir 20 millones de ejemplares al año, de unos estudios de cine en los cuales aspira realizar 80 películas al año, y que acaba de anunciar para el 15 de noviembre la inauguración del Centro Nacional del Disco, con capacidad para producir 28 mil copias diarias.
Según el asambleísta Carlos Escarrá, "Lo que se está suprimiendo es la explotación comercial capitalista, porque eso no es derecho cultural", y la explotación socialista, digo yo, está bien garantizada con esta industria cultural en manos del Estado.

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