Hay gobiernos que no necesitan el visto bueno sino la vista gorda de la comunidad internacional. El gobierno de Hugo Chávez es uno de ellos y parece haberla obtenido a base de lucir como un adalid democrático con las múltiples elecciones y consultas electorales que ha realizado desde que llegó al poder. Pero muchas de esas elecciones fueron simplemente inconstitucionales e ilegales, y en las que pierde--pocas, es cierto--realiza todo tipo de tropelías para que su derrota no tenga ningún resultado práctico. Estamos ante un gobierno que de la contabilidad paralela, al mantener muchos de los recursos que recibía del petróleo fuera del presupuesto nacional, pasando a la institucionalidad paralela, al quitarle competencias a gobiernos locales y regionales a través de programas especiales y figuras administrativas ad-hoc, llegó a la justicia paralela, al tener dos sistemas legales en marcha: uno, cómplice y laxo para los aliados y gente de confianza, otro, vengativo y con el objetivo muy claro de encontrar culpables a quienes se oponen al gobierno, aunque no haya leyes o normas que sirvan para sustentar los cargos o que los hechos que se imputan presenten más de una duda razonable. Un gobierno sin ninguna transparencia y control en el manejo de los recursos, que crea instancias paralelas para debilitar instituciones y concentrar poder, y que mantiene un sistema de justicia segregado políticamente es un gobierno al margen de la ley y de la democracia, aunque haga una elección por año.
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